La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una carpeta de investigación en contra de Ana N, directora y fundadora del refugio Pergatuzoo, ante las sospechas de que las presuntas amenazas y ‘narcomensajes’ que denunció en redes sociales se tratan de un montaje fabricado para recabar fondos económicos.

Las autoridades ministeriales indagan el caso bajo la línea de falsedad de declaraciones, lo que cambia el rumbo de la polémica que rodea al albergue.

La controversia comenzó hace unos días cuando las plataformas digitales del refugio difundieron imágenes de un texto atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación, colocado sobre el automóvil de la familia de Ana N en las cercanías de su domicilio particular en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, donde también se halló el cuerpo de un gato.

El mensaje, que reclamaba un supuesto impago, alertó a medios y activistas. Sin embargo, la cuenta de Facebook ‘El Perro Mugroso’ reveló que los textos exigían depósitos bancarios exponiendo los datos de la organización ‘Mundo Patitas’, colectivo que ha denunciado de forma pública las arbitrariedades de Pergatuzoo.

A raíz de esto, la aparición del felino sin vida desató suspicacias entre defensores de los derechos animales, quienes sugirieron que podría tratarse de un ejemplar que habitaba en el propio refugio, mientras que vecinos de la zona aseguraron que los vidrios del vehículo ya estaban rotos desde tiempo atrás y que la escena fue vandalizada recientemente de manera intencional.

Pergatuzoo bajo la lupa por la falsedad de declaraciones de su fundadora

Dentro de las indagatorias de la Fiscalía capitalina se evalúan también las declaraciones de la semana pasada de Ana N, quien afirmó haber sido interceptada por el grupo criminal en la vía pública y acusó que la policía le confiscó insumos y bienes personales tras pedir auxilio, hechos que no han sido constatados oficialmente.

Testimonios recabados señalan que la familia de la directora habría orquestado las amenazas no solo con fines económicos, sino como una estrategia de presión ante la Fiscalía General de la República y autoridades locales para frenar las investigaciones vigentes por supuestos abusos y maltratos hacia los seres sintientes del albergue.

Los propios colonos identificaron al sobrino de Vargas, de nombre Miguel N, como un sujeto peligroso que constantemente los amedrenta mostrando armas de fuego, sumando este incidente a los múltiples escándalos que arrastra la familia por la gestión del refugio.

Finalmente, este expediente se suma a los reportes periodísticos que revelaron que la Fiscalía del Estado de México y la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) habrían omitido inspeccionar las denuncias de negligencia previas en Pergatuzoo por presuntos intereses políticos.